Este resumen explica en profundidad el iter criminis y las incidencias procesales del caso seguido contra Percy Emerson Cárdenas Aranguela, condenado por robo con agravantes a quince años de pena privativa de libertad. El delito tuvo como víctima a César Augusto Bernardo Castañeda y fue sentenciado por la Segunda Sala Mixta y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central, en noviembre de 2015.

El iter criminis se estructura claramente en sus fases: fase interna (planificación y decisión), fase de ejecución (acción delictiva consumada) y fase post-delictiva (intento de reintegración). En este caso, la intención criminal del sentenciado se manifiesta con premeditación al asaltar con violencia a la víctima, configurándose los elementos objetivos del tipo penal. La ejecución del robo se produce con agravantes y ocasiona consecuencias jurídicas severas.

Posteriormente, el condenado cumple su pena en el establecimiento penitenciario de Huancayo, fuera de la jurisdicción del juzgado que conoció originalmente el proceso. En enero de 2025, solicita su libertad condicional, iniciando así un procedimiento de beneficio penitenciario. Esta petición genera una contienda de competencia negativa entre dos órganos judiciales: el Juzgado Penal Unipersonal de Chupaca (CSJ Junín) y el Juzgado Penal Liquidador de Chanchamayo (CSJ Selva Central).

Ambos juzgados declinaron competencia: Chupaca declaró nulas las resoluciones iniciales, y Chanchamayo devolvió los actuados. La controversia llegó a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que resolvió en julio de 2025 que el juez de Chupaca era competente conforme al artículo 58 del Código de Ejecución Penal.

La solicitud del beneficio fue evaluada, pero finalmente rechazada por no cumplir con el requisito de readaptación social. Se valoró especialmente un informe psicológico negativo, que descartó un pronóstico favorable de no reincidencia. El análisis revela una aplicación estricta del principio de reinserción social como requisito para beneficios penitenciarios.

Este caso refleja no solo los elementos del iter criminis, sino también los obstáculos procesales que pueden surgir en la ejecución penal. Los aspectos subjetivos como la intencionalidad y los objetivos como la materialización violenta del delito se alinean con la tipificación legal del robo agravado.

En suma, este expediente demuestra cómo un error en la asignación jurisdiccional puede dilatar procedimientos y perjudicar el ejercicio regular del derecho de defensa. El beneficio penitenciario exige un análisis completo del comportamiento del interno. Interpretación judicial.